El despido colectivo ha sido el instrumento empresarial más poderoso de destrucción masiva de empleo en España en los últimos 10 años, acentuándose su aplicación a partir de la reforma legislativa del Estatuto de los Trabajadores en 2012, que suprimió la necesidad de la aprobación por parte de la autoridad laboral de los denominados expedientes de regulación de empleo o EREs en terminología anterior a la reforma.
En relación al grupo de empresas, abordaremos finalmente la más común de las prácticas que se dan entre las sociedades que lo conforman, consistente en un intercambio de gastos, que encubren una mera cesión de gastos a conveniencia entre las distintas empresas; bien sea con la intención de equilibrar beneficios, bien sea por evitar tipos impositivos más altos ( si son grupos multinacionales ) o bien sea para angostar resultados de una determinada sociedad con intención de eliminarla a medio plazo o, justificar una causa económica para un despido colectivo o despido objetivo individual.
En los foros de abogados laboralistas está superado hace muchos años el debate sobre el carácter automático de la declaración de nulidad en el supuesto de que el despido (no justificado) de la trabajadora se produzca estando la misma gestante, aunque el empleador no tenga conocimiento del embarazo. En definitiva, es nulo el despido no justificado de una trabajadora embarazada, aunque el empresario no conozca tal situación.
En los procedimientos de tutela de derechos fundamentales una de las cuestiones que suscita mayores problemas a efectos prácticos, tanto en la preparación y elaboración de la demanda cuanto en su determinación por el Juzgador en la sentencia de instancia, es la de concretar la cuantía de la indemnización, principalmente del daño moral reclamado, dado que la cuantificación del resto de daños y perjuicios adicionales suele ser “a priori” objetivamente más sencillo.
Respecto a la fiscalidad de la indemnización del alto directivo, la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reconoce en su Art. 7 apartado e) como Rentas Exentas:
Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Apuntábamos en el anterior artículo que en algún grupo de empresas, en aras a optimizar sus resultados, pueden realizar procedimientos, por supuesto legales, pero siempre que sus consecuencias no sirvan de argumento a fines indebidos con intención de desviar la atención de la realidad.
Desvelábamos entonces una cesión de precios entre empresas del grupo, en un intento de aparentar un declive de actividad de una de las empresas con descenso de ventas y resultados, con apariencia de causa objetiva de despido individual o colectivo
