Planteamiento
Se acredita con cierta regularidad la concesión de préstamos o avales de la empresa a sus trabajadores, especialmente en el sector bancario, cooperativas de crédito, financiero y energético con base convencional o en atención a la personal sensibilidad y responsabilidad social de medianos y pequeños empresarios respecto a sus trabajadores en plantilla.
La doctrina unificada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo acerca de la unidad esencial del vínculo laboral (en supuestos de sucesión de contratos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a efectos de la antigüedad, cuando ha existido la unidad esencial del vínculo) debe recordar los múltiples pronunciamientos y la evolución doctrinal en atención especialmente a la duración de los contratos sucesivos entre trabajador y empresa y a la justificación o no de la temporalidad de los mismos sin que necesariamente la unidad del vínculo este ligada a la existencia o no de fraude de ley.
El Art. 1. 1. del ET define el contrato de trabajo fijando sus principales notas en la existencia de dos factores de ajenidad y dependencia: la “ajenidad” como prestación de servicios por cuenta de otro y el abono de una remuneración como contrapartida; y la “dependencia” en cuanto que se desarrollen los servicios dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica.
El Art. 1.3 e) del Estatuto de los Trabajadores excluye del ámbito de aplicación de esta ley los trabajos familiares “salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los lleven a cabo”, se trata de una presunción “iuris tantum” que admite prueba en contrario.
Por su parte el Art. 12 de la Ley General de la Seguridad Social establece que no tendrán consideración de trabajadores por cuenta ajena “salvo prueba en contrario”, los familiares del empresario que “convivan en su hogar y estén a su cargo”.
El caso Pujante confirma la línea jurisprudencial seguida por el TJUE que, previo reconocimiento del «trabajador» como un concepto europeo y autónomo, aboga por un alcance amplio del mismo, primando la realidad de la relación laboral sobre la formalidad adoptada por el Estado miembro. El Tribunal acude a la esencia de la relación laboral para definir al trabajador europeo1: la obligación recíproca de prestación de servicios, bajo la dirección del empresario, a cambio de una remuneración. La necesaria armonización impide una interpretación que varíe según los Derechos nacionales y exige una definición general, válida para todo el ordenamiento europeo. De esta manera, el Tribunal recupera el criterio objetivo, primigenio y caracterizador de la relación laboral: la prestación de servicios remunerada sujeta a una organización empresarial2.
