Concepto difuso

El problema principal es el propio concepto de absentismo que puede englobar, en función de las consideraciones de cada una de las organizaciones sociales, patronales o instituciones implicadas, diferentes fenómenos ya sea justificado e injustificado, sumergido, legal o ilegal.

Recordatorio del Balance:

Como se vio en el artículo anterior, la sociedad presentaba como causa económica y productiva para justificar el despido colectivo la “pérdida de la competitividad y en consecuencia de los resultados negativos “.

Planteamiento

Constatamos reiteradamente consultas de trabajadores que tras haber agotado el periodo máximo de incapacidad temporal legalmente establecido por baja médica de 545 días (365 + 180 días) se encuentran, tras el reconocimiento de una nueva situación de baja médica por los servicios públicos, con resoluciones estandarizadas del INSS denegando la nueva prestación económica por incapacidad temporal, alegando que no ha transcurrido el plazo de más de 180 días naturales desde la última situación de incapacidad temporal (en adelante IT), justificando el Ente gestor que “siendo la misma o similar patología de la incapacidad temporal anterior” no procede la prestación económica derivada de la nueva IT reconocida por los servicios médicos al trabajador.

Planteamiento

Nos han comentado numerosos compañeros de pequeños y medianos despachos, estrictamente cumplidores de sus obligaciones de contratación laboral especial, los problemas y distorsiones que surgen en el desarrollo diario de las obligaciones del abogado contratado cuando éste plantea “conciliar “las mismas con su vida personal.

Retomamos el análisis de las operaciones de las sociedades dependientes o pertenecientes a un grupo de empresas, que en un momento dado de su existencia, deciden reducir su personal o incluso hacerlas desaparecer, bajo el argumento de una presunta causa económica, productiva u organizativa.

Planteamiento
Partimos del término jurisprudencia o prudentia iuris, como el conocimiento de la ciencia de lo justo y de lo injusto en su acepción amplia, es decir la doctrina asentada por nuestros tribunales y en referencia a la Jurisdicción Social por los Juzgados de lo Social, las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al interpretar y aplicar el derecho laboral cuando deciden en sus Sentencias los asuntos planteados básicamente por ciudadanos trabajadores y empresas empleadoras.