En una situación de guerra a nivel mundial por la salud, el estado de bienestar y la recuperación de la actividad económica, se exige a nuestros gobernantes y oposición una actuación transversal, proactiva, constructiva y solidaria, que integre al sector público y al sector privado y que se proyecte no solo sobre la situación sanitaria actual sino sobre el futuro inmediato y la recuperación económica.

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La pandemia del coronavirus constata una emergencia sanitaria mundial que se acompaña de una grave crisis social, económica y productiva con la paralización de todo tipo de actividades, salvo las consideradas esenciales. El precio, en pérdidas de actividad y empleo de empresas, autónomos, profesionales y trabajadores está siendo y va a ser muy alto y habrá que repartirlo con criterios de eficiencia financiera y solidaridad (equidad), teniendo en cuenta la heterogeneidad del tejido empresarial español, su estructura societaria y productiva proyectada mayoritariamente en pequeñas y medianas empresas (PYMES), autónomos y profesionales.

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El 9 de julio de 2018, en nuestra web (Actualidad) y en nuestro Blog “Fuero y Derecho” publicamos el articulo “Variación sustancial de la demanda”, hoy lamentablemente seguimos constatando en nuestro día a día procesal, una actuación contraria al principio rogado que rige el proceso laboral.     

En España a 1 de enero de 2019, con datos estadísticos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay 5.419 jueces y magistrados, es decir un 11,6 % por cada 100.000 habitantes (la media europea es de 21,2%), de los que 2.923 son mujeres y 2.496 son varones.

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El pasado miércoles día 25 de marzo de 2020, en el marco de la situación excepcional creada por el COVID-19 (coronavirus) publicábamos en nuestra web y blog el artículo Coronavirus: Mutualidad de la Abogacía y protección del abogado, proponiendo a la Mutualidad de la Abogacía la adopción de dos medidas urgentes:

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