Planteamiento
Las comunidades virtuales que operan a través de internet: Facebook, Twitter, Tuenti, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, … forman parte de nuestra actividad cotidiana. Según un estudio del IAB (Interactive Advertising Bureau), ocho de cada diez internautas utilizan las redes sociales para publicar sus opiniones y comentarios, estado de ánimo, viajes, fotografías, vídeos …
Definición legal
Para que un trabajador pueda acceder a la situación legal de la jubilación parcial, al amparo del Art. 166. 2. Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS), debe acordar con su empresa una reducción de jornada y de salario de entre un mínimo del 25% y un máximo del 50% y la empresa debe formalizar simultáneamente un contrato de relevo con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.
Recibimos en nuestros despachos de abogados laboralistas con alguna frecuencia, consultas bien de empleadas de hogar, bien de empleadores, sobre las consecuencias jurídicas (acción impugnatoria) y especialmente los riesgos y costes económicos (indemnizatorios, preaviso, salarios de tramitación, liquidación y daños morales y patrimoniales) que puede suponer el despido disciplinario o el desistimiento expreso, de la empleada de hogar que se encuentra embarazada (con afirmaciones contradictorias entre las partes, respecto al conocimiento o no de tal situación).
La cesión ilegal de trabajadores o cesión de mano de obra, viene regulada en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores; su apartado primero afirma:
Se plantea en nuestros despachos de abogados laboralistas con relativa frecuencia al analizar la comunicación de despido objetivo efectuada por la empresa al trabajador, si la obligación legal contenida en el art. 53. 1 b) del Estatuto de los Trabajadores, y la necesaria simultaneidad de la puesta a disposición de la indemnización realizada mediante transferencia bancaria el mismo día de la fecha de efectos del despido, que coincide con la entrega de la comunicación extintiva, cumple o no con el requisito legal y, con ello, si el despido objetivo es sin más trámite improcedente.
Nos encontramos habitualmente con actuaciones del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), que exceden del plazo máximo legalmente reconocido para proceder a contestar a las reclamaciones, conforme al artículo 28.7 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, «será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud».
