Un terreno abierto
El Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de 2019, de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, recoge entre otras medidas una novedosa y radical redacción del art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), jornada a medida para todos los trabajadores, con el siguiente texto:
Cuestión jurídica planteada
Se analiza, si puede el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) en el acto de juicio de un procedimiento de despido, ejercitar anticipadamente en la vista oral, la solicitud de la opción legal (empresarial) de extinción del contrato de trabajo, asumiendo la posición procesal establecida para la empresa.
A río revuelto, ganancia de pescadores
En el debate nacional intenso, a veces crispado, y muchas veces interesado y parcial, protagonizado desde 2015 a través de los medios de comunicación sobre el registro obligatorio o no, de la jornada de trabajo a tiempo completo, destacaba por su relevancia la encuesta de población activa en España realizada en 2016, que puso de manifiesto que el 53,7 % de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores españoles, no se registraban.
Planteamiento
La cuestión jurídica planteada es si en los supuestos de sucesión empresarial, el plazo de responsabilidad solidaria de tres años, art. 44.3 Estatuto de los Trabajadores (ET), actúa como singular plazo de prescripción, o las deudas previas están sujetas al plazo general de prescripción de un año, previsto en el art. 59 ET.
Planteamiento
Algunos convenios colectivos establecen la jubilación obligatoria de sus trabajadores, cuando pueden acceder a la jubilación a partir de los 65 años, es decir cuando tienen derecho al cien por cien de la pensión ordinaria que les corresponde, conforme al siguiente cuadro de cotizaciones:
Planteamiento
En el marco de las relaciones laborales y, como responsabilidad del empresario (extracontractual), deviene aplicable con cierta frecuencia la previsión del art. 1902 del Código Civil (CC): el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Dicho precepto se complementa con la previsión del art. 1903 del CC: responsabilidad que se tiene o adquiere respecto de aquellas personas con las que existe un vínculo causal de unión, es decir la responsabilidad “in vigilando”.
