Recibimos en nuestros despachos de abogados laboralistas con alguna frecuencia, consultas bien de empleadas de hogar, bien de empleadores, sobre las consecuencias jurídicas (acción impugnatoria) y especialmente los riesgos y costes económicos (indemnizatorios, preaviso, salarios de tramitación, liquidación y daños morales y patrimoniales) que puede suponer el despido disciplinario o el desistimiento expreso, de la empleada de hogar que se encuentra embarazada (con afirmaciones contradictorias entre las partes, respecto al conocimiento o no de tal situación).

La cesión ilegal de trabajadores o cesión de mano de obra, viene regulada en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores; su apartado primero afirma:

Se plantea en nuestros despachos de abogados laboralistas con relativa frecuencia al analizar la comunicación de despido objetivo efectuada por la empresa al trabajador, si la obligación legal contenida en el art. 53. 1 b) del Estatuto de los Trabajadores, y la necesaria simultaneidad de la puesta a disposición de la indemnización realizada mediante transferencia bancaria el mismo día de la fecha de efectos del despido, que coincide con la entrega de la comunicación extintiva, cumple o no con el requisito legal y, con ello, si el despido objetivo es sin más trámite improcedente.

Nos encontramos habitualmente con actuaciones del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), que exceden del plazo máximo legalmente reconocido para proceder a contestar a las reclamaciones, conforme al artículo 28.7 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, «será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud».

El despido objetivo por ineptitud sobrevenida viene regulado legalmente en el Artículo 52. A) del Estatuto de los Trabajadores que establece literalmente:

Sectores de actividad

El sector turístico y de ocio de nuestro país da empleo a cientos de miles de trabajadores (2,38 millones a diciembre de 2018), distribuidos en actividades empresariales de hostelería, restauración, catering, camping, balnearios, cruceros, compañías de transporte, discotecas, agencias de viaje, salones recreativos, casinos, juegos, viviendas turísticas y todos aquellos conectados directa o indirectamente con el ocio, que aportan un 11,7 % al producto interior bruto (PIB) y atienden las necesidades de 82,7 millones de turistas que visitaron España el año pasado.