Planteamiento
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuida por Ley 23/2015, de 21 de julio (BOE de 22 de julio) la vigilancia del cumplimiento de la normativa en el orden social. Dada su amplitud, la actividad inspectora se proyecta en materia laboral, prevención de riesgos laborales, seguridad social y protección social, colocación, empleo, formación para el empleo y protección de desempleo, economía social, emigración, trabajo de extranjeros, igualdad de trato, …etc.
La práctica de nuestros despachos profesionales cuando asumimos la defensa de despidos disciplinarios de trabajadores, se inicia de manera sistemática analizando la carta de despido, elemento esencial del proceso laboral, proceso rogado.
Los arts. 4.2.e) y 20.3 del vigente Estatuto de los Trabajadores reconocen expresamente como derechos básicos del trabajador derivados de su relación laboral con el empresario, el derecho a la dignidad profesional y el respeto a la dignidad personal durante toda la vigencia del mismo; expresamente se reconoce que los trabajadores tienen derecho:
Recordando algunos principios
(i)-Denominación o nomen iuris
La realidad acredita que el proceso de contratación de los jóvenes abogados por despachos colectivos o individuales, cuando no se utiliza el modelo oficial relativo a la relación laboral especial de los abogados, se hace bajo distintas denominaciones, colaboración profesional, arrendamiento de servicios o cualquier otra fórmula imaginativa, incluyendo la vía de hecho.
Fuentes de la relación laboral especial
El Real Decreto 1331/2006 de 17 de noviembre que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, reconoce en su art. 2 b):
Marco normativo especial y origen singular
El Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, en cumplimiento del mandato de la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2005, ciertamente singular, dado que incorporaba al ordenamiento jurídico español diversas Directivas Comunitarias en materia de fiscalidad, de productos energéticos y electricidad, …
