Se vislumbra entonces un marco supranacional del Derecho Social, con un ámbito europeo aparentemente alejado, abstracto y de tenue aplicación. Nada más lejos. Cuando éste aparece en nuestro Derecho, lo hace con claridad y cae sobre nuestras cabezas como una suerte de cielo colérico. Y sorprendentemente, esas tormentas europeas no vienen en forma de legislación sino de decisiones judiciales con vocación de generalidad y eficacia a futuro. El último ejemplo es el caso De Diego, de 14 de Septiembre de 2016, en el que el TJUE declara discriminatoria y, por tanto, contraria al Derecho Europeo la normativa española que deniega la indemnización a los trabajadores con contrato de interinidad a la finalización del mismo. El TJUE modifica de facto la legislación laboral española. Un efecto que, más allá del fondo del asunto, merece consideración. Otras resoluciones vendrán y me temo que con distinto sesgo.
La gran mayoría de sentencias del Tribunal son resoluciones a cuestiones prejudiciales en las que, a priori, el juez remitente debe tener una última palabra a la hora de adecuar los hechos e interpretar la normativa nacional en dicho contexto. El TJUE reconoce formalmente esta prerrogativa pero no supera la mera declaración. Un sencillo análisis de las sentencias del Tribunal muestra el escaso margen interpretativo del juez nacional remitente. De esta manera, el TJUE se ha convertido, en la práctica, en un verdadero legislador o, dadas las circunstancias y alcance de las sentencias, en un contra-legislador.
Las últimas barreras de protección de los trabajadores, inherentes a la naturaleza del Derecho Social, están siendo cuestionadas en dicho caso. Lo que Jacques Delors bellamente definió como «le socle vitale d´une Europe unie» está hoy en juego. Y créanme, son más que simples palabras.
