concepto
El Artículo 24.1 de la Constitución Española establece que: “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
Siguiendo en la línea de determinadas operaciones societarias, destinadas a obtener legalmente beneficios para los accionistas sin necesidad de tributar por ellos, pero cuyo impacto sobre la estabilidad y liquidez de la empresa convierte esta práctica en responsable directo de una situación crítica que deriva en un expediente de regulación de empleo y, finalmente en un concurso necesario.
Constatamos con preocupación creciente las actuaciones procesales de abogados generalistas y especialmente de otros profesionales habilitados en la formalización del Recurso de Suplicación frente a la sentencia desestimatoria de sus pretensiones, que postulan una y otra vez la revisión fáctica del testimonio de testigos o peritos-testigos, en base a un supuesto error valorativo del magistrado de instancia en su sentencia.
Realidad y efectos
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se fija para 2019 en 900 euros; así lo recoge el Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre (BOE de 27 de diciembre de 2018); en su art. 1:
El marco legal vigente ofrece la posibilidad al empresario que haya comunicado un despido con defectos formales, de realizar un segundo despido cumplimentando los defectos advertidos.
Una versión de empresas parásito, la constituyen determinadas sociedades patrimoniales, creadas ad hoc por sus sociedades matrices, o bien por los socios de esas sociedades matrices, al margen de ellas. Sociedades que se ven beneficiadas por una traslación de beneficios, a veces exagerada, con evidente perjuicio para la empresa matriz.
