En el proceso laboral las partes deben acudir al acto del juicio oral con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con especial referencia al interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos ⁽¹⁾ en determinados procesos carentes de soporte documental ⁽²⁾, y siendo conscientes de que los actos de conciliación y juicio no pueden suspenderse por la incomparecencia del demandado. (Artículo 82.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en adelante LRJS).

Accidente de trabajo.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2017 viene a recordarnos que sobre un hecho juzgado derivado de un acto ilícito o ilegal, no se puede volver a reclamar la responsabilidad civil derivada de mismo, pues el Art. 24 de la Constitución y el Art. 222 de la LEC lo impiden; en dicha sentencia se analiza un caso en el que la existencia de la responsabilidad civil de la sociedad mercantil recurrente y de su administrador fue controvertida y declarada en la instancia, pero dejada sin efecto en apelación por la sentencia penal que absolvió a la recurrente y a la par confirmó la condena por responsabilidad civil a otra persona jurídica.

En la discusión sobre el alcance de la condena en costas al trabajador en el orden social coexisten dos interpretaciones:

1ª- La de quienes aplican el régimen civil con las normas específicas de proceso laboral. Asumen que en el proceso declarativo de instancia al no ser preceptiva ni necesaria la intervención de letrado y/ o procurador no hay condena en costas por este concepto.

Sin embargo superada la primera impresión y establecido un mínimo panorama que acredite indicios de acoso en el trabajo, reiterado en el tiempo, el abogado ve un reto profesional y asume una metodología práctica tendente a verificar si esos indicios difusos, se concretan en hechos que puedan ser objeto de prueba en el proceso y con ello justificar el planteamiento de la demanda por acoso laboral.

Aun cuando existen más coincidencias que diferencias con la revisión fáctica de los hechos probados del Recurso de Suplicación ⁽¹⁾ regulado en los Arts. 193 b y 196.3 LRJS, recordaremos en expresión de la doctrina casacional las limitaciones y funcionalidad del artículo 207 LRJS, precepto que no permite la revisión plena del material probatorio, se limita, por el contrario, a posibilitar un reexamen excepcional de la declaración de hechos probados cuando a la luz de ciertas pruebas (de carácter documental), se acredite que algún extremo de la misma es, sin duda, equivocado.

El art. 91.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece con quienes ha de practicarse el interrogatorio de las personas jurídicas, normalmente los empresarios, cuando ha sido solicitada por las partes y concedida por el juez.